El Gobierno aprueba la opa BBVA-Sabadell con una condición: hasta 2028 deberán funcionar separados como ahora

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incorporado nuevas trabas a BBVA en su intento de compra de Banco Sabadell.En concreto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el expediente de opa supera el aprobado de Moncloa pero pone un palo en la rueda a la futura fusión con grandes condiciones, entre ellas, que se eviten los despidos.

“Hemos acordado que, en los próximos tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado confirmar los compromisos establecidos por la CNMC”, explicó Cuerpo desde Moncloa.

En concreto, BBVA y Sabadell deberán mantenerse como bancos 100% independientes, tanto desde el punto de vista del patrimonio, como también en cuanto a su personalidad jurídica, como de los equipos de gestión para garantizar la autonomía de ambas y, sobre todo, Sabadell. “Con esto, ponemos fin al procedimiento de control de la concentración regulado en nuestra normativa”, según explicó el responsable de Economía.

Tres años sin fusión

El Gobierno obligará a que esta condición se mantenga durante los tres próximos años (hasta 2028), ampliables a cinco (2030), según indicó Cuerpo, aunque cambie la propiedad de Sabadell y se convierta en una filial al 100% de BBVA.

A falta de que el acuerdo del Consejo de Ministros se plasme por escrito, la nueva condición de gestión autónoma de Banco Sabadell velará también por la protección del empleo -evitando despidos-, gestión del crédito -para que no se reduzca tanto autónomo como a pymes- y, por último, al mantenimiento de la presencia de Sabadell en Cataluña.

Permítanme detallar la condición adicional establecida hoy. Esta condición, que implica el mantenimiento de la personalidad jurídica, el patrimonio separado y la autonomía en la gestión diaria de ambas entidades, se fundamenta en la protección de cinco criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, como nos habilita la normativa:

En primer lugar, Cuerpo se refirió al cumplimiento de los objetivos de la regulación sectorial: “Especialmente, el apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial, fundamentalmente mediante la financiación a las empresas, en particular a las pymes”, apuntó. En segundo lugar, la protección de los trabajadores para “salvaguardar las plantillas de ambas entidades”.

Tercero, el ministro habló de la cohesión territorial y, cuarto, de los objetivos de política social. “A través de la obra social de las fundaciones, incluyendo la protección de los clientes financieros mediante el acceso a viviendas asequibles y la oferta de material de vivienda asequible de ambas entidades”, añadió. Por último, el ministro se refirió de manera general a la innovación tecnológica.

Las dos entidades deberán presentar un informe exhaustivo sobre el cumplimiento de estas condiciones seis meses antes de que venzan los plazos impuestos por el Gobierno. Sobre la cuestión de los despidos o el mantenimiento de las plantillas, Cuerpo indicó que el equipo gestor de Sabadell será el encargado de decidirlo dentro de la autonomíaque tendrá.

“Cada una de las entidades podrá tomar decisiones para maximizar su valor”,indicó, “que supondrá el mantenimiento de las plantillas en función de la operación”, según el ministro. BBVA, por tanto, no podrá asociar programas de bajas asociados a la opa durante esos tres años, aunque podrá hacerlo más adelante una vez concluya el periodo de tres o cinco años.

Examen en 30 meses

“Para evaluar la eficacia de esta condición, ambas entidades deberán presentar dos documentos con una antelación máxima de seis meses y mínima de dos meses antes de que finalice el período de tres años”, indicó, “con un informe de situación que detallará cómo se ha llevado a cabo la gestión autónoma y cómo esta ha contribuido a la protección de los criterios de interés general mencionados”. Además tendrá que dar a conocer un plan estructural con la estrategia corporativa de ambas entidades y que afectará a estos criterios de interés general en el futuro.

Una vez evaluada la eficacia de esta condición, el Consejo de Ministros determinará si se amplía su duración por dos años adicionales, pasando de tres a cinco años, según Cuerpo. “Quiero destacar que esta condición se ha establecido con un enfoque de proporcionalidad y equilibrio, buscando proteger los criterios de interés general en línea con nuestro marco normativo y ordenamiento jurídico. Finalmente, este acuerdo ha sido comunicado, como obliga la ley, a la CNMC y a ambas partes implicadas, conforme a lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia”, concluyó.