Hacienda confirma que la devolución del IRPF a los mutualistas ha disparado su deuda hasta los 19.500 millones

La Agencia Tributariaen España encara uno de los mayores reembolsos de los últimos años. A cierre de 2024, el Estado había aprovisionado casi 19.500 millones de euros para hacer frente a devoluciones de impuestos e indemnizaciones por litigios perdidos. Una cifra impulsada en buena medida por la incorporación de la factura del IRPF a los mutualistas jubilados.

El centro de este agujero contableestá en la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los pensionistas que cotizaron de más a las mutualidades entre 1967 y 1978. El Tribunal Supremo reconoció que durante décadas estos jubilados sufrieron una doble imposición, y Hacienda se ha visto obligada a resarcirlos.

El Ministerio de Hacienda calcula quedeberá devolver 5.936 millones de eurosa unos dos millones de afectados —contando también las haciendas forales—, lo que supera en cerca de 1.000 millones la cantidad provisionada inicialmente.

Hasta diciembre de 2024, la Agencia Tributaria había devuelto 1.435 millones de euros, pero el grueso de los pagos comenzó el pasado mes de agosto tras meses de polémica.María Jesús Montero, ministra de Hacienda, suspendió a finales del año pasado las solicitudes de devolución para implantar un sistema de reclamación escalonada hasta 2028. La decisión provocó una fuerte protesta de las asociaciones de mutualistas —un colectivo envejecido, con serios problemas de salud en muchos casos—, lo que obligó al Ejecutivo a rectificar y permitir unúnico procedimiento conjunto de devolución en 2025.

La deuda de la Administración General

El incremento de las devoluciones ha engordado la deuda reconocida por el Estado con los contribuyentes. Según las cuentas de la Administración General, las provisiones pasaron de 17.138 millones a finales de 2023 a 19.500 millones en 2024, un salto del 14% en apenas un año.

La mayor parte corresponde adevoluciones tributarias pendientes de autoliquidaciones, hasta 11.716 millones, cerca de un 4% más respecto del año anterior. Pero la devolución del IRPF a los mutualistas se ha convertido en el capítulo más sensible, tanto por su peso económico como por la presión social.

Hacienda envía una carta a los mutualistas para comunicar que pueden perder la devolución del IRPF

En las cuentas de 2023, Hacienda dejó reservados hasta 1.700 millones de euros para el pago de esta causa. A lo que a finales de 2024 añadióotros 3.555 millones para hacer frente a las devoluciones del IRPF tributado de más.

Cascada de devoluciones e indemnizaciones

El caso de los mutualistas es el ejemplo más visible de una serie de obligaciones que se han ido acumulando en las cuentas de la Agencia Tributaria y que amenazan con convertirse en una auténtica bola de nieve contable.

Uno de los capítulos más abultados corresponde a las reclamaciones en tribunales económico-administrativos, donde Hacienda ha tenido queprovisionar 1.621 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 45% respecto al año anterior, cuando las provisiones ascendían a 1.112 millones. El fuerte aumento refleja tanto el volumen de litigios pendientes como la alta probabilidad de que la Administración pierda buena parte de ellos y deba compensar a los contribuyentes.

A esta carga se suman los800 millones de eurosreservados para devolver a las empresas lo cobrado en exceso tras la reforma del Impuesto de Sociedades impulsada por Cristóbal Montoro y anulada por el Tribunal Constitucional en enero de 2024.

Otro de los capítulos más llamativo es el caso de los mutualistas es el de las indemnizaciones a las telecos. El Tribunal Supremo tumbó el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) aplicado a las compañías de telefonía móvil al considerarlo contrario a la directiva comunitaria sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas. El falloobliga a Hacienda a devolver 1.480 millones de euros a gigantes como Telefónica, Vodafone y Orange. Aunque la cifra no ha crecido respecto a la provisionada en 2024, mantiene su peso como uno de los grandes lastres estructurales de las cuentas.

Además, elEstado se enfrenta a litigios de menor cuantía. Destacan los 197 millones de euros que deberán devolverse a Ayuntamientos en concepto de intereses ligados al Fondo de Financiación del pago a Proveedores, así como los 53,6 millones reservados para cubrir un recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid en relación con las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica de 2019.